Un juez americano ordena a Google revelar quien subió el trailer de “Avengers: Age of Ultron”

Un par de días atrás alguien subió a la red en forma no autorizada una copia de mala calidad del “trailer” de la película “Avengers: The Age of Ultron”. El estudio responsable de la película, Marvel, lanzó unas horas después una versión en full hd del trailer demostrando que no siempre está mal cerrar la puerta del establo cuando el caballo se escapó: convirtió la mala publicidad en positiva porque logró generar mayor interés en el trailer.

Aún así Marvel, quiere descubrir quien subió el trailer y para ello recurrió a la justicia americana. Como informa “Hollywood Reporter”, Marvel descubrió que un usuario, llamado John Gazelle, fue el primero en subir el trailer a Google Drive. Con esa información Marvel solicitó a un juez que ordene a Google proveer todos los datos que disponga sobre ese usuario y el Juez accedió al pedido (Sentencia PDF).

El juez ordenó a Google proveer la siguiente información:

1. Toda la información relacionada con el usuario “John Gazelle”, incluyendo información de facturación si la hubiera y cualquier información disponible en su cuenta “Google +”.

2. La dirección de IP desde donde se subió el trailer

3. La dirección de IP desde donde se creo la cuenta de Google Drive.

4. Las direcciones de IP desde donde el usuario John Gazelle accedió a Google Drive el día en que subió el trailer y también durante todo el mes anterior.

5. La información relacionada con la cuenta de Youtube donde se subió el trailer incluyendo direcciones de IP desde donde se accedió a esa cuenta el día en que se subió el trailer y también durante todo el mes anterior.

Los especialistas coinciden en que Marvel fue enormemente dañada como resultado de está falla de seguridad. Y si bien la Constitución Americana, como la Argentina, garantizan la libertad de expresión en Internet, incluyendo el derecho a expresarse en forma anónima, está garantía no es absoluta: cede cuando, por ejemplo,  se daña a un tercero. Es por eso que Marvel logró convencer a un juez de obligar a Google a revelar los datos del usuario que supuestamente subió el trailer.

Publicado en Sin categoría | Etiquetado , , , , | Deja un comentario

La Corte Suprema falla a favor de los buscadores

Belen Rodriguez demandó a Google y Yahoo porque su fotografía aparecía, sin su autorización, en esos buscadores, muchas veces asociada a sitios de pornografía. Para la Sra. Rodriguez la solución del caso era sencilla: su imagen estaba disponible en la red sin su autorización, los buscadores, al indexar y difundir su imagen, la habían dañado y debían responder porque el Código Civil responsabiliza a quienes causan un daño con su actividad o con sus cosas, aún si actúan sin culpa o dolo. Esto se denomina “responsabilidad objetiva” y el ejemplo de manual es la caldera que explota: su dueño responde aún si prueba que fue diligente en su mantenimiento.

Pero la Corte Suprema no estuvo de acuerdo con está postura y falló ayer a favor de los buscadores. Para la Corte la analogía de la caldera es incorrecta; la analogía correcta es la de una biblioteca que, a través de su catálogo, permite acceder a un contenido que daña a una persona. Por eso la Corte concluye que la “responsabilidad objetiva” no aplica en estos casos; los buscadores solo responden por “responsabilidad subjetiva”, es decir cuando con culpa o dolo no actúen diligentemente una vez anoticiados de que el contenido que indexan es ilícito.

Y acá está el problema. En Argentina no existe una ley que regule Internet y por lo tanto es la misma Corte la que tiene que fijar en está sentencia las pautas que se deberán tener en cuenta para responsabilizar a los buscadores y otros intermediarios en la red. La Corte no debería fijar estás pautas porque esto es una tarea del Congreso y porque es un tema que admite muchas soluciones. Por ejemplo, en Estados Unidos los intermediarios tienen inmunidad absoluta por el contenido que publican sus usuarios, salvo para violaciones de derecho de autor, donde solo responden si no bajan el contenido una vez que el titular se los solicita extrajudicialmente. Pero en Europa, luego del fallo “Gonzalez c. Google Spain”, que reconoce el llamado Derecho al Olvido, los intermediarios deben dar de baja contenido, en determinadas circunstancias, si así se los requiere un particular afectado.

Pero la Corte decidió intervenir y fijar pautas ante la falta de regulación legislativa ¿Cuáles son estas pautas? La Corte distingue casos de “ilicitud manifiesta” como por ejemplo apología del genocidio y del racismo, violaciones graves a la privacidad y hasta “el montaje notoriamente falso de imágenes”. En estos casos los buscadores deben retirar el contenido cuando sean notificados por cualquier persona. Los casos de “ilicitud no manifiesta” son aquellos que no son tan fáciles de resolver, a criterio de la Corte, y por lo tanto solo se considerará que un intermediario está anoticiado cuando así se lo indique una resolución judicial o administrativa.

Está distinción entre casos de “ilicitud manifiesta” y casos de “ilicitud no manifiesta” es problemática. Por ejemplo, no es para nada claro que constituye una “violación grave a la privacidad” o una “apología del genocidio”. Para no hablar del “montaje notoriamente falso de imágenes”, que deja fuera de la ley a Pinterest, Twitter y Facebook.

Regular contenido en la red no es tarea sencilla. Y no es una tarea que pueda ni deba llevar adelante la Corte. Cuando finalmente el Congreso regule este tema deberá optar por alguna de estás opciones. Todas tienen, obviamente, sus problemas:

Una opción es “la americana”. En este sistema los intermediarios no son responsables por los contenidos que compartan sus usuarios (salvo violaciones de derecho de autor). Este sistema es excelente para los americanos, que valoran la Libertad de Expresión sobre todos los demás derechos, pero no se corresponde a nuestra cultura, donde, por ejemplo, se castiga la apología del racismo o del genocidio (algo impensable para un americano).

Otra opción es crear un marco regulatorio y dejar que los particulares y los intermediarios se entiendan entre ellos. En este sistema el particular solicita al intermediario que baje un contenido y el intermediario, por si mismo, debe juzgar si está o no obligado a hacerlo; en caso de controversia decide la justicia. Este es el sistema “europeo”, luego de fallo González, ya citado. El problema está en que este sistema genera un incentivo perverso a los intermediarios: mucho mejor dar de baja contenido que enfrentar una contingencia. Un sistema como este solo funciona con un vigorosa sociedad civil, que controle a los intermediarios a través de la prensa y las ONGs.

El tercer sistema requiere, siempre, una decisión judicial o administrativa. Este es el sistema más justo pero menos eficiente. Sobre todo en un país como Argentina, donde el acceso a la justicia está lejos de estar garantizado. De todos modos, la Justicia Porteña acaba de decidir que en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires será Defensa del Consumidor quien entienda en estos casos, es decir que en el ámbito de la Ciudad la solución de estás controversias será administrativa.

Una versión de este artículo fue publicada en Bastión Digital.

Publicado en Internet, Libertad de expresión | Etiquetado , , , , , , , | Deja un comentario

Un fallo obliga a la Ciudad de Buenos Aires a regular el derecho a la intimidad en la Red

A diferencia de otros países, en Argentina no existen leyes que especificas que regulen los distintos derechos que garantiza nuestra Constitución en Internet. Tenemos una “Ley de Medios”, pero no abarca Internet; una Ley de Derecho de Autor, que nada dice en caso de infracciones en la Red; una Ley de Habeas Data, que no establece un procedimiento para modificar o remover datos en un sitio web y así…

Esto estaría por cambiar, al menos en la Ciudad de Buenos Aires, luego de un fallo dictado el pasado 10 de octubre de 2014 en los autos “Gil Domínguez Andrés Favio c/ Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires” (sentencia PDF).

El Sr. Gil Dominguez interpuso un recurso de amparo colectivo contra la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires para que está repartición obligue a los proveedores de servicio de Internet a establecer un Protocolo Interno de Protección al Derecho a la Intimidad de los usuarios de Internet (PIPDI), que permita a los usuarios y habitantes de la Ciudad a pedir la baja de contenido que los afecte.

El fallo hizo lugar al reclamo en base a la siguiente lógica:

  • La Ciudad de Buenos Aires se ha reservado el poder de policía en materia de derechos del Consumidor (Art. 46 de la Constitución de la Ciudad).
  • Los proveedores de servicios de Internet y los motores de búsqueda son proveedores en los términos de la Ley de Defensa del Consumidor (Art. 3 Ley 24.240) y sus usuarios, consumidores en los términos de la misma ley (Art. 1 Ley 24.240).
  • La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires también garantiza el derecho a la intimidad de sus habitantes (Art. 12 de la Constitución de la Ciudad).
  • No existen hoy instrumentos legales efectivos que permitan a los usuarios y consumidores porteños hacer efectivo el derecho a la intimidad que gozan.
  • Esto último constituye una “omisión inconstitucional” de la Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires. Y los jueces de la Ciudad, en el marco de sus atribuciones, tienen la potestad de exigirle a la Administración Pública que supla tal omisión.

Ni el amparista ni el Juez señalan cuales son los alcances que debería tener el PIPDI, esto quedará librado a la Administración Pública. Pero el Juez ordena que este PIPDI sea dictado en un plazo máximo de 180 días. Es de suponer que este PIPDI será similar al que Google habilitó en la Uninón Europea luego de que la Corte Europea reconociera el “Derecho al Olvido” en el fallo Costejas Gonzalez de mayo de este año.

La sentencia aún no está firme.

Publicado en Internet, Libertad de expresión, Privacidad | Etiquetado , , , , , , | 1 comentario

Twitter demanda al Gobierno Americano

Twitter_logo_blue

Twitter acaba de demandar al gobierno americano, al que acusa de violar su derecho a la libertad de expresión (pdf de la demanda).

Todos los proveedores de servicio y plataformas de Internet importantes tienen políticas de transparencia, para informar a sus usuarios los pedidos de información que reciben de los distintos gobiernos.  La excepción son los pedidos de información que reciben del FBI, la NSA y los Tribunales FISA americanos porque las mismas leyes que los obligan a colaborar les impiden divulgar el hecho de que están colaborando. La más importante de estás leyes es la Foreign Intelligence Survey Act (1978), que creó los tribunales FISA y que, reformada luego de los ataques de Septiembre de 2001, permitió el espionaje en gran escala a través de la red (que denunció Edward Snowden).

Cuando estalló el escándalo del caso Snowden, Linkedin, Yahoo, Facebook Microsoft y Google demandaron al gobierno americano para que les permitiera divulgar, en sus propios reportes de transparencia, la información sobre los pedidos de colaboración que recibieron. En enero de este año estás empresas llegaron a un acuerdo con el gobierno americano que les permitió divulgar está información en forma parcial.

Twitter eligió seguir otro camino. En febrero de este año Twitter anunció que no iba a valerse del acuerdo llegado por los demás gigantes de Internet y que estaba estudiando alternativas legales. En abril de este año Twitter definió su estrategia y envió al FBI un borrador del informe de transparencia que quería publicar y pidió su autorización para hacerlo. En Septiembre de este año el FBI respondió que el borrador violaba las leyes sobre secreto y que no podía ser publicado. Con esa respuesta, Twitter demandó a la NSA, al FBI y al Gobierno Americano.

Los argumentos de Twitter

Twitter encaminó su reclamo a través de un tipo de demanda que en Argentina conocemos como Acción Declarativa de Certeza (declaratory judgment en inglés).  En nuestro país, y en el orden federal, está acción está regulada en el Art. 322 del Código Procesal Civil de la Nación. Lo que se busca a través de está acción es simplemente que los Tribunales cesen en el estado de incertidumbre que el demandante tiene sobre una norma o relación jurídica.

Más fácil: Twitter quiere publicar el informe de transparencia pero el FBI le dice que si lo hace violará la ley. Lo que Twitter pretende es que los Tribunales decidan si esa ley se aplica porque considera que ella viola la Primera Enmienda Americana. La Primera Enmienda Americana, sobre la escribí por ejemplo aquí, prohíbe al Congreso Americano dictar leyes que limite la libertad de expresión (el Art. 14 de la Constitución Nacional es su equivalente en nuestro país).

En palabras de los abogados de Twitter:

“Existe una controversia entre el derecho de Twitter de ejercer los derechos amparados por la Primera Enmienda, luego de que los demandados le prohibieron publicar información sobre su exposición al espionaje por parte de los organismos de inteligencia nacionales”. 

Y para los abogados de Twitter esa prohibición es censura previa (prior restraint, en inglés). Y la censura previa es algo que está casi absolutamente prohibida en la mayoría de los regímenes democráticos del mundo incluyendo, por supuesto, los Estados Unidos.

Al Capone cayó por desfalco al fisco y no por ser el capo del crimen organizado de Chicago. Del mismo modo, Twitter ataca las leyes que permiten el espionaje masivo de la red a través de está demanda: si la información está disponible para el público y si el público puede discutir abiertamente las consecuencias de estas leyes, así y solo así se podrán cuestionar las leyes y pugnar por su modificación. Esta no es una interpretación mía, lo dice Twitter en su demanda:

“Twitter es un servicio único construido sobre la confianza y la transparencia. Los usuarios de twitter pueden utilizar el servicio con su nombre real o con un seudónimo.  Twitter es usado por activistas políticos,  periodistas y millones de otras personas para diseminar información e ideas, para debatir asuntos de interés nacional o global, buscar justicia o revelar actos de corrupción estatal y otros males. La habilidad de los usuarios de Twitter de compartir está información depende, en parte, de poder hacerlo sin temor al espionaje por parte de los gobiernos”.

Publicado en Internet, Libertad de expresión | Etiquetado , , , , , , , , , , , , , , | Deja un comentario

La justicia americana condena a Grooveshark

descargaEl 29 de septiembre de 2014 Thomas P. Griesa, Juez Federal del distrito de Nueva York falló en contra del popular servicio de música Grooveshark. Griesa, por supuesto, es el mismo juez que falló contra Argentina en el caso de los Holdouts.

Grooveshark, para los que no lo conocen, es un popular servicio de música en internet parecido a Pandora y a Spotify con una pequeña diferencia: no cuenta con licencia para reproducir música ¿Cómo es posible entonces que opere? Porque en Estados Unidos existe una ley, la Digital Millenium Copyright Act (DMCA), que establece que los proveedores y plataformas de Internet no son responsables por el material no autorizado que suben sus usuarios si dan de baja ese material cuando se lo requieran sus titulares de derecho. Y eso es lo que siempre argumentó Grooveshark, que simplemente operaba la plataforma y que daba de baja el material no autorizado cuando así se lo requerían.

Pero el Juez Griesa determinó (Sentencia PDF) que los propios empleados y directivos de Grooveshark habían subido 5.977 canciones a la plataforma. Obviamente, la DMCA protege a las plataformas de las infracciones de sus usuarios y no de las infracciones que ellas mismas cometen.

El fallo demuestra, otra vez más, que pocos entienden como funciona la tecnología, incluyendo a los “entrepreneurs” de la red: la evidencia contra Grooveshark y sus ejecutivos es abrumadora, porque consiste mayoritariamente en los mails y posteos a foros de la empresa de sus propios responsables.  Pero los abogados de las discográficas demandantes también fueron inteligentes: demandaron a Grooveshark y muchos de sus empleados y ejecutivos pero llegaron a un acuerdo extrajudicial con la mayoría, mayoría que habló y habló mucho, a cambio de que se desista de la demanda contra ella.

En el juicio los demandantes también probaron que Grooveshark había destruido evidencia aún así quedó probado que Grooveshark y sus directivos y empleados subieron a la plataforma 5.977 temas.

El Juez Griesa condenó tanto a Grooveshark como a sus fundadores por infracción a la ley de derecho de autor. El próximo paso es determinar los daños, es decir el monto de la condena. Se estima que serán millonarios y por eso, parece, los días de Grooveshark están contados.

Publicado en Grooveshark, Internet, Musica, Pandora, Propiedad Intelectual, Spotify, Thomas P. Griesa | Etiquetado | Deja un comentario

¿Puede Google Street View sacar una foto de mi casa?

Google Street View llegó finalmente a Argentina. Está herramienta forma parte del mapa de Google y permite al usuario acceder a una vista de 360 grados de un punto del mapa. Esto se logró con autos que recorrieron las calles y rutas del país utilizando cámaras especiales posicionadas en sus techos.

Street view convierte al mapa de Google en una herramienta muy útil. Permite visitar Villa Nouges (Tucumán) sin poner un pie en la provincia; explorar una zona antes de elegir hotel, ubicarse mejor en una intersección difícil y miles de otros usos más. Por ejemplo, viajé a Nueva York por primera vez en mi vida hace un par de meses y gracias al mapa, y a Street View, me ubiqué en la ciudad casi como un nativo.

Google Street View está disponible en otros países desde hace años y Google aprendió, y aplicó, algunas lecciones a nuestro país. La principal es que todos los rostros y patentes de autos están difuminadas, esto es se ha disminuido la claridad de las fotos para que no sean reconocibles. Es que Google tuvo malas experiencias en otros países al fotografiar personas o vehículos que estaban en algún lugar complicado: con una amante o a la salida de un hotel alojamiento, por ejemplo.

Pero Google fotografía casas y edificios. La pregunta es ¿Puede Google sacar una foto de la casa de un particular sin permiso y subirla a su base de datos?

La primera respuesta es que la pregunta está mal hecha. Y está mal hecha porque el Art. 19 de la Constitución Nacional dispone que: “Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe”. La pregunta correcta es, entonces, ¿Alguna ley o regulación prohíbe a Google sacar una foto de la casa de un particular sin permiso y subirla a su base de datos?

Fuera de algunos casos especiales, como prohibiciones para sacar fotografías en los alrededores de bases militares, aeropuertos, etc., la norma en cuestión está en el Código Civil; es el artículo 1071 bis, que regula el derecho a la intimidad garantizado en la Constitución Nacional (Art. 19 primera parte):

Artículo 1071 bis: El que arbitrariamente se entrometiere en la vida ajena, publicando retratos, difundiendo correspondencia, mortificando a otros en sus costumbres o sentimientos, o perturbando de cualquier modo su intimidad, y el hecho no fuere un delito penal, será obligado a cesar en tales actividades, si antes no hubieren cesado, y a pagar una indemnización que fijará equitativamente el juez, de acuerdo con las circunstancias; además, podrá éste, a pedido del agraviado, ordenar la publicación de la sentencia en un diario o periódico del lugar, si esta medida fuese procedente para una adecuada reparación.

No existe duda que la casa de una persona es su castillo y nadie puede perturbarla dentro de ella. Por eso, en otros países le exigieron a Google que bajé la altura de las cámaras para evitar que se fotografíe el interior de una casa a través de cercas y ventanas. Desconozco si esto sucedió en Argentina.

El exterior de la casa es otra cosa, porque está en la vía pública. Esto no significa que el particular no tenga una expectativa de privacidad (la tiene) sino que está disminuye porque la ley tiene que contemplar también los derechos de terceros: un medio de comunicación que quiere informar acerca de una noticia o, para el caso, Google y su servicio de Street View (ambos pueden ampararse en la garantía de libertad de expresión y en el derecho a ejercer industria lícita).

Entiendo que la posición de Google es solida por las siguientes razones, pero aclaro que la palabra final la tendrán los jueces:

  • Las fotografías se toman en la vía pública.
  • El sistema difuma automáticamente, rostros, y patentes y logos de vehículos.
  • El sistema también permite que un particular pida se haga lo mismo con su casa. Google no indica adecuadamente como hacer esto pero, desde Street View, se accede a está herramienta haciendo click en “informe un error” abajo a la derecha.

El único caso judicial que conozco es de Estados Unidos “Boring c. Google” (Sentencia PDF). En este caso los jueces rechazaron la demanda por violación del derecho a la intimidad pero la admitieron en cuanto el vehículo de Google había ingresado a una calle privada: la condena fue de solo 1 dólar.

 Para terminar, Google fue multada en Alemania e investigada en otros países porque sus autos, al mismo tiempo que sacaban fotografías, recolectaban información sobre redes de wi-fi, claves personales, etc. De nuevo, desconozco si esto sucedió también en Argentina.

Nota del 4/04/14: El diario El Dia publicó un amparo presentado por el Sr. Lucas Bianco contra Google.

Publicado en Internet, Libertad de expresión, Privacidad | Etiquetado , , , , , , , | Deja un comentario

Sobre Lolita

Sigue un extracto de una reseña literaria sobre la novela Lolita de Vladimir Nabokov. La reseña es del año 1962. La sorpresa está al final.

Se trata de una obra cuyo tema central lo constituye la pasión que despiertan en un hombre de cuarenta años las niñas pre-adolescentes o apenas puberes. entre los nueve y catorce años, “como límites de una isla encantada” (ps. 19/20), y en particular la llamada Lolita, a quien aquél pervierte a la edad de doce años, haciéndola luego su amante.

… Lo que da carácter al libro como exponente de refinada inmoralidad es la morbosidad intrínseca del tema, desarrollado por el autor con singular maestría a través de variadisimas escenas, en las que lo anormal y lo patológico alternan con lo impúdico y lascivo. Toda la obra, en efecto, parece destinada a exaltar la enfermiza pasión de Humbert el protagonista— por ciertas jóvenes adolescentes a las que denomina “ninfulas” y presenta como “criaturas escogidas” o “chiquillas demoníacas” de manifiesta precocidad sexual, cuyo influjo sobre el hombre maduro finca, precisamente, en “existir una brecha de varios años” entre varón y doncella… “No hay en la tierra escribe— otra felicidad comparable a la de amar una ninfula”.

Subyace en la obra una finalidad (deliberada o involuntaria, para el caso es lo mismo) de justificar ese tipo de relaciones desechándose como “tabúes” los escrúpulos que por momentos afloran en la mente del protagonista y prevaleciendo en definitiva su proclividad a las “aventuras unilaterales”, y también de otro jaez, con jóvenes pubescentes.

En manos de espíritus desprevenidos o mentes inmaduras, su lectura ha de producir efectos francamente perniciosos. El final desdichado de los protagonistas no tiene fuerza bastante para extinguir o atenuar todo cuanto de perversión y amoralidad presentan las escenas que se narran, que por ser contadas en primera persona llevan al lector poco avisado a admitir que se fundan en hechos y personajes reales…

Los méritos de la prosa que Nabokov maneja con singular brillo, al hacer agradable la lectura, contribuyen a realzar los elementos nocivos que encierra.

Aunque el tono dominante no está dado por escenas de extremada crudeza o de grosera provocación sexual que caigan netamente en el dominio de lo pornográfico u obsceno, toda la obra es un trasunto de desquiciamiento moral, de relajamiento de las costumbres, de exaltación de sentimientos que envilecen la condición humana, cuyos efectos perniciosos no logran amenguar los méritos literarios del libro ni la jerarquía intelectual del autor.

A la recordada aberrante inclinación del protagonista Humbert por las llamadas ninfulas presentada al lector como cosa normal y razonable, agregase la prolija descripción de sus relaciones con la pequeña y amoral Lolita, que se inician cuando está tenía apenas doce años. Toda esa narración de las escenas y episodios que giran en torno a los “imperativos fisiológicos de un pervertido”, es profundamente degradante. Desde los primeros esparcimientos “unilaterales” con la niña; el siguiente casamiento con la madre de ésta, previendo la posibilidad de expansiones encubiertas bajo caricias paternales, la cínica exhibición de sentimientos innobles, el tono zumbón y la ironía mordaz con que aparenta poner reparos a sus desviaciones sexuales, el relato de su convivencia con Lolita a través de ciudades norteamericanas y “hoteles” o alojamientos del camino, realizado con profusión de detalles…

Hasta aquí el extracto. No se trata claro de una crítica literaria sino de una sentencia judicial, dictada por la Cámara Nacional Civil el 29 de agosto de 1962 en la causa “Editorial Sur SRL c/ Municipalidad de la Capital”.

La Editorial Sur realizó en 1959 la primera traducción al castellano de este libro,  que hoy se considera la obra maestra de Vladimir Nabokov. La Municipalidad de Buenos Aires ordenó el secuestro de la obra (Resolución 7718/1959) porque consideró que el libro vioalaba los Arts. 50 inc. 7 y 59 inc. 3 de la Ley de la Ciudad 1269, que autorizaban al ejecutivo local a “prohibir la venta o exposición de escritos o dibujos inmorales”.

La Cámara, obviamente, rechazó la demanda entablada por la editorial contra la resolución administrativa y mantuvo la orden de secuestro de la edición. La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó está sentencia el 27 de diciembre de 1963.

Está primera edición de la novela se consigue hoy en Mercado Libre por $429,99.

Publicado en Sin categoría | Etiquetado , , | Deja un comentario

¿Se puede proteger una receta de cocina?

La Ley de Propiedad Intelectual es clara: toda obra artística, científica o literaria está protegida por la ley y solo puede ser explotada por su autor o las personas autorizadas por él.

La pregunta es si una receta de cocina está protegida, o dicho en otras palabras: si una receta de cocina puede ser considerada una obra literaria, artística o científica.

Para la Cámara Civil y Comercial de Córdoba la respuesta es que sí (Sentencia PDF). El fallo es de marzo de este año y se dictó en la causa “Monzo Teresa Sara c. Sabagh Carlos y otros s. daños y perjuicios. Expte N° 193433″.

El fallo no es muy claro pero parece ser que la demandante había registrado recetas de cocina y los demandados las habían publicado sin autorización. Los demandados se defendieron argumentando que las recetas no eran originales, porque eran una mera recopilación de recetas centenarias o milenarias. La Cámara concluyó que eso era un hecho a probar, que los demandados no lo habían probado y que por lo tanto las recetas eran originales y estaban protegidas. Por lo tanto condenó a los demandados por infracción de la ley de propiedad intelectual.

¿Puede una receta estar protegida por la ley de derecho de autor?

En otra ocasión escribí acerca de la originalidad: para que una obra este protegida tiene que ser original pero la ley no es exigente; si hay un mínimo de expresión creativa la obra estará protegida. Y ese es el problema con las recetas: son meras recopilaciones de ingredientes e instrucciones para su preparación y no parece haber mucha expresión creativa. Por ello es que la Oficina de Copyright de Estados Unidos considera que no están protegidas y pueden, por tanto, ser libremente reproducidas:

“La ley de propiedad intelectual no protege recetas que son un mero listado de ingredientes. Tampoco protege otras listados de ingredientes como formulas, compuestos o recetas médicas. Pero puede sí pueden gozar de protección las expresiones literarias como descripciones, explicaciones e ilustraciones, que acompañen a la receta o formula o una combinación de recetas, como un libro de cocina”.

Está opinión es compartida por los tribunales americanos. El caso más conocido es “Publications International vs. Meredith Corporation (1996)”. En aquel caso los jueces concluyeron:

“La identificación de los ingredientes necesarios para preparar cada platos es un mera descripción de hechos. No hay ningún elemento expresivo en cada uno de estos listados; en otras palabras, el autor que escribió la lista de ingredientes para la “ensalada de pavo al curry con maní” no estaba dando expresión literaria a su labor creativa individual; estaba escribiendo una idea, es decir, los ingredientes necesarios para cocinar un plato”.

En Estados Unidos, como en Argentina, los hechos no están protegidos y por eso cualquiera puede escribir un libro o filmar una película basada en los mismos hechos reales. Y tampoco están protegidas las ideas, que son libres para ser apropiadas.

Tanto la opinión de la Oficina de Copyright americana como la sentencia que cité dan algunas ideas de como sí se puede proteger una idea:

  • Si la receta es más que una mera lista de ingredientes si el autor ha volcado un mayor esfuerzo creativo o ha incluido ilustraciones, fotografías o algún otro tipo de expresión entonces el tercero podrá tomar la lista de ingredientes pero no la receta en sí.
  • Un libro de cocina sí está protegido porque en este caso el autor ha realizado un trabajo de selección y compilación; y las compilaciones están protegidas por la Ley (Art. 1 Ley 11.723). Un tercero podrá tomar libremente alguna receta pero no podrá reproducirlas a todas, tendrá que hacer su propia compilación.
Publicado en Propiedad Intelectual | Etiquetado , , | 2 comentarios

Maradona no se toca. El derecho de imagen y los nuevos negocios en Internet

Internet cambió todo pero no cambió nada. No cambió la necesidad de que los nuevos negocios cumplan con las leyes existentes. Un buen ejemplo de esto es el fallo de Cámara dictado en junio de este año en la causa  “Maradona, Diego Armando c/ Telecom Personal S.A s. Daños y Perjuicios, Expte. 38635/2007″, que Infojus publica hoy. Aquí puede consultarse esta sentencia de Cámara y aquí la de Primera Instancia.

Los hechos del caso son sencillos. En 2006 la firma Telecom Personal S.A. ofreció a sus usuarios la posibilidad de descargar Wallpapers con la imagen de Diego Armando Maradona a cambio del pago de una pequeña suma de dinero a descontar del abono del interesado.

Negocio redondo. Salvo por el hecho de que Telecom Personal no contaba con la autorización de Maradona.

Una fotografía cuenta con dos tipos de derechos: los derechos del fotógrafo que la sacó y los derechos del retratado. El primero es un derecho de propiedad intelectual (Art. 2 de la Ley 11.723). El segundo forma parte del derecho a la privacidad, reconocido por el Art. 19 de la Constitución Nacional y que está regulado en el Art. 1071 bis del Código Civil y por el Art. 31 de la misma Ley 11.723, en este último caso en lo que hace al uso comercial de una fotografía.

Art. 31 Ley 11.723: “El retrato fotográfico de una persona no puede ser puesto en el comercio sin el consentimiento expreso de la persona misma y muerta ésta, de su cónyuge e hijos o descendientes directos de éstos, o en su defecto, del padre o de la madre. Faltando el cónyuge, los hijos, el padre o la madre, o los descendientes directos de los hijos, la publicación es libre.

La persona que haya dado su consentimiento puede revocarlo resarciendo daños y perjuicios.

Es libre la publicación del retrato cuando se relacione con fines científicos, didácticos y en general culturales, o con hechos o acontecimientos de interés público o que se hubieran desarrollado en público”.

El Art. 1071 bis del Código Civil y el Art. 31 de la Ley 11.723 se leen juntos. La ley prohíbe entrometerse en la vida privada de un tercero, por ejemplo publicando su retrato sin permiso. Y si bien las redes sociales nos acostumbraron a compartir fotos casi sin reflexionar, no podemos subir fotos que invadan la privacidad ajena y estamos obligados a bajar una foto si el retratado considera que se infringe su privacidad o a “destaguearlo”, si es que eso es lo que pide. Esa es la norma general. Ahora si lo que se quiere hacer es usar el retrato fotográfico para un negocio entonces el Art. 31 de la Ley 11.723 exige la autorización del retratado. Este mismo artículo contiene la excepción a estas reglas: es libre la publicación del retrato con motivos periodísticos, culturales, de interés general, etc.  (pero siempre, siempre, se necesita la autorización del fotógrafo).

Todo esto nos lleva del vuelta al caso. Telecom Personal, cuando contestó demanda, se defendió con estos argumentos. Primero, que el uso del retrato de Maradona era libre porque se daban algunas de las excepciones permitidas por la ley. Segundo, que Telecom Personal solo proveía la plataforma para este negocio, que estaba a cargo de un tercero PRIMA, que se había comprometido por contrato a mantener a Telecom indemne de cualquier reclamo de terceros. Por está razón Telecom pidió que se  citará a PRIMA a juicio y planteó una defensa, llamada de falta de legitimación pasiva, que es un medio procesal que se utiliza cuando la parte demandada alega que ella no debería haber sido demanda por no tener ninguna relación con el hecho juzgado.

El juzgado rechazó las defensas de Telecom Personal. Primero señaló que bajar un “Wallpaper” a un celular a cambio de un precio de ningún modo entra en alguna de las excepciones previstas en el artículo 31 de la Ley 11.723; los demandados necesitaban la autorización de Maradona para explotar su imagen y simplemente no la tenían. Segundo, si bien hizo lugar a la citación pedida no hizo lugar a la falta de legitimación pasiva y condenó a las dos firmas, a Telecom y a la citada. La razón es sencilla: un elemental principio de justicia dicta que quien participa de las ganancias participa también de las perdidas y por eso, en materia contractual, las limitaciones de responsabilidad entre las partes son perfectamente válidas pero estás no pueden afectar nunca a un tercero que no las aceptó (art. 1195, 1199 y ccdtes del Código Civil).

Como consecuencia de ello el Juzgado condenó a Telecom Personal y a PRIMA a indemnizar a Maradona. La Cámara confirmó la sentencia.

¿La lección? En cualquier negocio que involucre propiedad intelectual, marcas, nombres, imagen, etc es fundamental asegurar la cadena de derechos, que los americanos llaman “Chain of titles”. La cadena de derechos no es otra cosa que una serieininterrumpida de acuerdos que autoricen a quien lleva adelante el negocio a explotar derechos que son de titularidad de un tercero. Y se llama cadena de derechos porque, muchas veces, la distancia entre los eslabones de cada extremo es larga y enredada.

Si les interesa el tema fotografías y derechos de autor pueden leer estás otras entradas: “Más sobre la foto del Mono”, “La foto la sacó el mono” e “Internet, fotografías y derecho de autor”.

 

Publicado en Internet, Privacidad, Propiedad Intelectual | Etiquetado , , , , , , , , , , | Deja un comentario

Curso sobre Libertad de Expresión

Gustavo Arballo, responsable del blog “Saber Derecho”, lanzó un Curso de Jurisprudencia “virtual”. En el marco de ese programa subió a Youtube una charla sobre la jurisprudencia de la Corte Suprema relacionada a la libertad de Expresión.

Está en tres partes. La primera parte trata sobre los casos más recientes de libertad de expresión; la segunda sobre los casos más recientes relacionados al accesos a la información y, la tercera, al fallo de la Corte sobre la Ley de Medios.

Primera parte

Segunda parte

Tercera parte

Publicado en Libertad de expresión | Etiquetado , | Deja un comentario