La justicia argentina rechaza cautelar contra Youtube

Cada vez son más comunes los fallos de la justicia argentina relacionados a Internet. En está oportunidad, el fallo que comento se llama “C. I. J. M. c Google Argentina S.R.L. y otros s. Daños y Perjuicios” y es una Sentencia de la Cámara Nacional en lo Civil del 15 de mayo de 2014.

El demandante, un constitucionalista argentino, pidió una medida cautelar contra Yahoo, Google y Youtube con el objeto de que se les ordene dar de baja un vídeo que consideraba lo difamaba y los enlaces relacionados a ese vídeo (de ahí que la demanda fuera no solo contra Youtube).

El Juez de Primera Instancia rechazó la demanda y la Cámara, en el fallo que ahora comento, confirmó la medida.

La Cámara dice que el caso tiene que ser analizado teniendo en cuenta la garantía de Libertad de Expresión:

“…. que la libertad de expresión también rige frente a cuestiones que no son puramente gubernamentales o involucren a fondos públicos. En todo caso, frente a la tensión que suele suscitarse entre esa garantía y el derecho a la intimidad, lo que irá variando es el umbral de protección que reconoce el ordenamiento jurídico a la persona afectada, en función de su carácter público o privado”.

En el vídeo en cuestión sus autores acusan de ladrón al demandante. La Cámara concluye que si este abogado se considera ofendido puede iniciar o una querella criminal contra los autores del vídeo o una demanda civil, pero no puede, a través de una cautelar, pedir la baja del vídeo y de sus enlaces porque de está manera se afectaría la Libertad de Expresión.

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Twitter, el discurso anónimo y la Constitución

El estado Argentino pidió a los Estados Unidos que lo ayude a identificar a un grupo de tuiteros. El origen del pedido fue una denuncia de la fiscal Cristina Caamaño, por amenazas u hostigamiento. Los detalles no son precisos, al punto que no sabemos si el pedido de información salió de una fiscalía, de la policía o de Cancillería. Pero si parece que ningún juez intervino en esa causa.

La pregunta es ¿Qué derecho ampara a una persona para expresarse desde el anonimato?

El discurso anónimo no es un invento de Twitter

La posibilidad de expresarse en forma anónima no es nueva.  Tampoco es nuevo el uso del anonimato para expresarse en forma negativa. De hecho, en Pompeya todavía puede leerse el siguiente graffiti:

“Los borrachos de la noche les piden que voten a Marco Cerrinio Vatia para edil”.

O tomemos el caso de la Roma medieval, donde existía una estatua, “Il Pasquino”  en la que los ciudadanos colgaban pancartas anónimas con chismes y críticas, principalmente dirigidas contra la Curia Romana.

Otro ejemplo de discurso anónimo es uno de los textos políticos más importantes de la historia: “El Federalista” (Federalist Papers). Hoy sabemos que sus verdaderos autores fueron Alexander Hamilton, James Madison y John Jay, pero originalmente fueron publicados en forma anónima

En fin, el discurso anónimo no es nuevo y es algo a lo que estamos acostumbrados, tal vez sin prestar mucha atención. Después de todo, los afiches anónimos, las campañas sucias y los trascendidos son herramientas habituales de la política argentina.

La protección constitucional del discurso anónimo

No conozco antecedentes judiciales argentinos. Pero tanto la Ley de Propiedad Intelectual (art. 3) como la Ley de Nombre (art. 23), reconocen el derecho de utilizar seudónimo.

Lo que sí hay son casos americanos y, como expliqué en otra ocasión, dado que la Constitución de aquél país es fuente de la nuestra, la jurisprudencia sobre temas constitucionales de la Corte Americana es directamente aplicable a nuestro país, al punto que es usual que nuestra Corte cite sus casos.

Y el caso, en está oportunidad, se llama McIntyre v. Ohio Elections Commission (1995). Los hechos son estos: La señora McIntyre fue multada por distribuir propaganda política en violación a una ley de Ohio que ordenaba incluir el nombre y dirección de los responsables de cualquier campaña política. La Corte declaró inconstitucional esa ley.

Esa ley tenía como objetivos prevenir el fraude y permitir que los votantes pudieran evaluar mejor la campaña, teniendo a la vista los datos de su responsable (el ¿Desde dónde los decís? Argentino). Pero para la Corte, el discurso anónimo merece ser protegido, por las siguientes razones.

  • El anonimato permite a grupos minoritarios o perseguidos expresar sus opiniones sin temor a represalias.
  • No solo es beneficioso para las personas que pueden ser perseguidas por el estado porque no solo el estado puede perseguir a una persona, también puede sufrir una censura social, por tener una opinión minoritaria.
  • Permite a una persona impopular expresar sus opiniones y que estas sean juzgadas por sus propios méritos.
  • Finalmente, una persona puede querer expresarse en forma anónima para preservar su privacidad. Y la privacidad goza, también, de protección constitucional.

La Corte concluyó:

“Bajo nuestra Constitución, el `panfleteo` anónimo, no es una práctica dañina o fraudulenta; sino una honrosa y antigua forma de disenso. El anonimato es un escudo frente a la tiranía de las mayorías. Es un ejemplo del propósito que fundamenta nuestra Carta de Derechos (Bill of Rights), en particular su Primera Enmienda: proteger a los individuos impopulares de la persecución -y evitar que se supriman sus ideas -, por parte de una sociedad intolerante. El derecho a permanecer anónimo puede ser abusado cuando se lo utiliza para ocultar una conducta ilegitima. Es cierto que el discurso político, por su propia naturaleza, a veces tiene consecuencias desagradables, pero, en general, nuestra sociedad valora más expresarse libremente que los peligros del abuso de este derecho”.

Los limites a la libertad de expresión. Necesidad de una orden judicial

Las opiniones están especialmente protegidas por la Constitución, sobre todo cuando se refieren a asuntos de interés público, como el caso Campagnoli, o a funcionarios públicos, como lo es la señora Caamaño. Dicho esto, la Libertad de Expresión no es absoluta: si una persona, por ejemplo, realiza una amenaza, expresa odio racial o religioso (en algunas jurisdicciones), o difama a un tercero es responsable por ello. Y no importa si esto lo hace a través de una carta de lectores o de su cuenta anónima de Twitter.

La amenaza es un delito penal, la difamación, generalmente, un ilícito civil y la opinión, libre. ¿Pero como distinguimos unas de otras? Porque es obvio que si un tuitero opinó sobre la señora Caamaño, aunque la opinión fuera agria o injusta, tiene derecho a expresar su opinión y a hacerlo en forma anónima si así lo desea. Pero si la amenazó, entonces la ley se inclina por los derechos de la señora Caamaño.

Esa tarea tiene que estar en cabeza de los jueces, que son las personas a la que la Constitución le ha otorgado el deber de juzgar este tipo de casos. El juez, sea este penal o civil, deberá analizar el caso y decidir por cual de los dos derechos se debe inclinar. Está es la única forma de garantizar, en tiempos modernos, un derecho del que ya gozaban los antiguos romanos aún bajo sus más sanguinarios opresores.

Fuentes:

Anonymity in Social Media, de Laura Rogal 

La Libertad de Expresión e Internet (OAS)

McIntyre v. Ohio Elections Commission

 

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Responsabilidad de los intermediarios. Mapa de la Universidad de Stanford

El Centro de para Internet y la Sociedad (CSI) de la Universidad de Stanford acaba de lanzar un proyecto muy útil, que releva la legislación, la doctrina y la jurisprudencia mundial referida a la responsabilidad de los intermediarios en Internet.

La responsabilidad de los intermediarios es uno de los temas más candentes de la agenda global y puede ser resumido de la siguiente forma: si el usuario de un servicio de Internet, como Blogger, Dropbox o Youtube, sube un contenido que afecta los derechos de un tercero como su propiedad intelectual o su honor, no hay duda de que el usuario será responsable civil o penal de está conducta. La pregunta es ¿El servicio de Internet, también es responsable?

La respuesta no es única y los países han ensayado diversas respuestas. Por ejemplo, Estados Unidos tiene una legislación específica, la Digital Millennium Copyright Act, que establece en casos, limitados, un servicio de Internet es también es responsable de los contenidos que comparten sus usuarios. Nuestro país, carece de está legislación especifica (aunque existen varios proyectos de ley al respecto). Por esa razón, en nuestro país la jurisprudencia es contradictoria y aún no hay fallos definitivos de Corte.

Este mapa es muy útil como elemento de estudio para todos aquellos a los que les interese este tema. El capítulo dedicado a nuestro país, por ejemplo, contiene un resumen de la legislación vigente y también de los proyectos de ley que han sido presentados ante el Congreso. Y también tiene un resumen de los principales fallos en la materia entre los que se encuentran algunos que han sido comentados en este blog como: “Sujarchuck”, la cautelar penal del caso Cuevana o la reciente orden de bloqueo del sitio Pirate Bay.

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La libertad de expresión y el financiamiento de la política

Inteligence Squared es un podcast de la Radio Pública americana en el que cuatro especialistas forman dos equipos y debaten algún tema de actualidad. El público luego decide cual de los dos equipos ganó el debate, pero ese no es lo más interesante para mí del programa. Lo más interesante es que se trata de cuatro personas que conocen muy bien el tema del que hablan y nos dicen, antes de empezar, que es lo que defienden. Algo totalmente diferente a los debates a los que nos acostumbró la televisión.

El último episodio trata de un tema muy debatido en los Estados Unidos que es si los individuos y las corporaciones tienen o no el derecho constitucional a gastar su dinero, sin limites ni regulaciones, en propaganda política. Es un tema candente porque en Estados Unidos, en 2010, la Corte Suprema declaró inconstitucional una regulación estatal que le ponía limites a este tipo de gastos en el fallo “Citizens United v. Federal Election Commission”.

En este ocasión tomaron la posición a favor de limites y regulaciones a este tipo de gastos Burt Neuborne Zephyr Teachout. En contra de los limites, Nadine Strossen y Floyd Abrams (sobre quien ya escribí aquí).

Este episodio es de “lectura obligatoria” para todos aquellos que están interesados en la libertad de expresión y sus limites.

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¿Quiere revisar mi celular? No señor

Chief Justice Roberts (retrato oficial)


El 25 de junio de 2014 la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, en un fallo unánime, decidió que la policía de ese país no podía revisar el celular de un detenido sin una orden judicial (Riley vs. California). La sentencia es un precedente muy importante para determinar los alcances del derecho a la privacidad en la era digital y seguramente será aplicada pronto en nuestro país, dado lo similar de nuestros sistemas constitucionales (la Constitución Americana es la principal fuente de la nuestra).

Los hechos del caso

Los peticionarios fueron dos, Los señores Riley y Wurie.

Riley fue arrestado por una infracción de tránsito. El policía que lo arrestó descubrió en su celular un término que lo relacionaba con una banda y, luego en la comisaría, otro policía encontró pruebas que lo involucraban con un tiroteo. Fue acusado de este crimen y se pidió mayor condena por estar vinculado a una banda de criminales.

En el caso de Wurie, los policías que lo arrestaron, al revisar su teléfono, constataron que tenía varias llamadas de un teléfono guardado como “casa”. Obviamente, concluyeron que ese era el domicilio de Wurie, pidieron una orden de allanamiento y descubrieron  allí armas y drogas.

Los dos peticionarios pidieron que se suprima la evidencia encontrada en sus celulares y la obtenida a partir de esa información porque sus celulares habían sido revisados sin orden de allanamiento, lo que violaba la Cuarta Enmienda.

La Cuarta Enmienda

La Cuarta Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, dispone:

“El derecho de los habitantes de que sus personas, domicilios, papeles y efectos se hallen a salvo de pesquisas y aprehensiones arbitrarias, será inviolable, y no se expedirán al efecto mandamientos que no se apoyen en un motivo verosímil, estén corroborados mediante juramento o protesta y describan con particularidad el lugar que deba ser registrado y las personas o cosas que han de ser detenidas o embargadas”.

Es similar al Art. 18 de la Constitución Argentina:

“…El domicilio es inviolable, como también la correspondencia epistolar y los papeles privados; y una ley determinar en qué casos y con qué justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación”.

Obviamente, ninguno de los dos textos legales se refieren a los celulares ni a la información que en ellos se encuentra. Pero a lo largo de las décadas los tribunales de aquel y de este país han ido extendiendo está doctrina a nuevas tecnologías como ser los automóviles, o las llamadas telefónicas. Hoy le toca el turno a los teléfonos celulares.

La decisión

Tanto en Argentina como en Estados Unidos, los oficiales de policía, cuando arrestan a una persona, pueden revisarla principalmente por su propia seguridad y secuestrar sus efectos personales (por ejemplo, para constatar que no estén armados). Pero, a veces, esos efectos personales pueden servir de prueba de un delito y, muchas veces, las condenas se basan en esa evidencia. Los teléfonos celulares, por supuesto, también son efectos personales. La pregunta es si los oficiales de policía pueden, al secuestrar el celular, revisarlo como al resto de los efectos personales.

La Corte americana sostiene que no pueden hacerlo:

Los teléfonos celulares difieren cuantitativa y cualitativamente de otros efectos personales. Principalmente, los celulares modernos tienen una inmensa capacidad de almacenamiento. Antes de los celulares, los resultados de la requisa de una persona estaban limitados por la realidad física y, generalmente, la intromisión en la privacidad era muy baja. Pero los celulares pueden guardar millones de páginas de texto, miles de fotografías y cientos de vídeos. Esto trae aparejada varias consecuencias relacionadas para la privacidad. Primero, un celular es único lugar donde se guarda varios tipos distintos de información, que revelan más, combinadas, que un único registro. Segundo, la capacidad de almacenamiento hace que aún solo tipo de información sea más completa que lo previamente posible. Tercero, un celular archiva información de varios años. Pero también hay un elemento de omnipresencia en un celular, que está ausente de los elementos físicos. Diez años atrás un oficial de policía podía muy ocasionalmente requisar un diario personal pero hoy en día el 90% de los americanos adultos son dueños de un celular y guardan en él información sobre casi todos los aspectos de sus vidas”.

Además, agregan los jueces, los celulares son un acceso remoto a la “nube” y a través de él es posible acceder a los registros y documentos que guardamos en la app de homebanking o en Dropbox, para dar solo dos ejemplos.

La Corte concluye que es inaceptable que la policía acceda a la información contenida en un celular sin orden judicial salvo, claro está, que se den algunas de las excepciones ya reconocidas por la jurisprudencia.

La Sentencia es muy importante porque es más amplia aún que la protección al celular como objeto en sí. Lo que la Corte dice es que la información que guardamos en la nube, en nuestros celulares y en nuestras computadoras no puede ser revisada por el estado sin orden judicial. Esto, por ejemplo, podría hacer caer todo el mecanismo de espionaje que el propio gobierno americano ha implementado y que ha sido denunciado por Edward Snowden.

Pero el fallo también tiene aplicaciones practicas en nuestro país. Por ejemplo, una de las excepciones a la Cuarta Enmienda (y al Art. 18 de la Constitución) es el consentimiento del particular, por lo que si alguna vez caen presos y un policía les pide si puede revisar su celular la respuesta que tienen que dar es un claro “No”.

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La justicia argentina ordenó el bloqueo de “The Pirate Bay”

descargaHoy se conoció la noticia de que la justicia argentina ordenó el bloqueo de la página “The Pirate Bay”. Si bien el bloqueo fue ordenado en marzo pasado, la noticia solo se conoció en la últimas horas, cuando la Comisión Nacional de Comunicaciones comenzó a notificar a los proveedores de servicio de Internet para que cumplan la medida.

La medida judicial fue dictada por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°64, en la causa “CAPIF c/ The Pirate Bay s. Medida Auto satisfactiva. Expte. 63.921/2013″ (Sentencia PDF). La causa fue iniciada por la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas (CAPIF) junto con varias de las más importantes discográficas y editoriales musicales.

Esta no es la primera vez que se intenta un bloqueo de páginas de Internet en Argentina. En este blog comentamos un intento anterior fallido y otro exitoso.

En esta oportunidad la medida fue dictada en un proceso autosatisfactivo, lo que require una breve explicación. En Argentina es posible obtener medidas cautelares en el marco de un proceso judicial para salvaguardar un derecho hasta tanto se obtenga una sentencia que lo reconozca, por ejemplo cuando en el marco de un cobro de cheques se pide un embargo antes de que salga la sentencia que reconozca la deuda. Pero en un medida autosatisfactiva, como su nombre lo indica, el proceso mismo se agota con su dictado por lo que la sentencia que se obtiene en ella es a la vez una cautelar y una sentencia definitiva.

El peligro, claro esta, es que un proceso de este tipo la parte contra la que se quiere obtener la medida auto satisfactiva no tiene un derecho de defensa amplio. En este caso en particular la justicia dictó la medida sin intervención de The Pirate Bay.

Obviamente, la razón del pedido de bloqueo es que a través de The Pirate Bay se distribuye sin autorización contenido protegido por las leyes de derecho de autor. Los peritos de la causa concluyeron que al menos un 78,1% de material disponible en esa página está protegido. Los peritos también concluyeron que The Pirate Bay obtiene importantes beneficios, a través de la venta de publicidad, de su plataforma. A raíz de esto el Juez, citando a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, concluyó:

“No es razonable participar en los beneficios trasladando las pérdidas. Esta antigua regla jurídica que nace en el derecho romano, es consistente en términos de racionalidad económica, porque este tipo de externalidades negativas deben ser soportadas por quien las genera y no por el resto de la sociedad” (CS, 6.2.2007, Mosca, Hugo A. c/ Provincia de Buenos Aires y otros)”.

De otro lado, el Juzgado también analizó el caso frente a la garantía de la libertad de expresión y tuvo en cuenta tanto la Ley 26.032 como la Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión e Interne de la ONU, pero concluyó que:

En Internet se comunica, se difunden ideas, se brinda e intercambia información mediante diarios, revistas, blogs, comentarios de foros, etc. Es esa publicación a la cual la norma le ha reconocido la misma protección que a la prensa escrita, aplicándosele pues principios como la real malicia.

Reconocer la protección de la garantía de la libertad de expresión al encumbrar al rango de información al régimen de intercambio de bytes del P2P, con su tráfico de chunks y metadatos entre usuarios y asistencia del tracker para la violación de derechos de autor, es denigrar uno de los más grandes logros del hombre libre enaltecido en condición de ciudadano desde el año 1789.

Como consecuencia de todo ello, el Juzgado ordenó el bloque tanto de las IP como de las DNS relacionadas con The Pirate Bay.

Vale la pena mencionar que el Juez rechazó dos medidas pedidas por los actores. Primero, ordenar a los buscadores que bloqueen de sus resultados cualquier término de búsqueda relacionado con The Pirate Bay, porque consideró que de esta manera se la censuraba, se la “invisibilizaba”. Segundo, que sean las mismas entidades las que, de tanto en tanto, actualicen el listado de sitios para bloquear: el juez concluyó que eso lo debía determinar la justicia y no una entidad privada.

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La Corte Suprema de Estados Unidos falla en contra de Aereo

Las "mini antenas" de Aereo

Las “mini antenas” de Aereo

Aereo es una start up americana que ofrece a sus clientes la posibilidad de acceder a canales de televisión abierta desde cualquier dispositivo que se conecte a Internet. Para prestar este servicio Aero tiene en su sede central miles de “mini antenas” de televisión. Cada una de ellas para cada uno de sus usuarios. Cuando el usuario elige ver un canal de televisión, su “mini antena” toma la señal de aire y la retransmite por internet a su dispositivo personal.

¿Por qué razón Aereo tiene miles de “minis antenas” en vez de varias más grandes? Por cuestiones legales. Porque en Estados Unidos, como en la mayoría del mundo, si bien cualquier puede acceder a la televisión abierta a través de una antena, los operadores de cable que retransmiten la señal abierta deben pagar. Aereo buscaba con estás “mini antenas” acercarse más al modelo de televisión abierta que al modelo del cable (y así no tener que pagar a las señales).

Pero el 25 de junio de 2014 la Corte Suprema de Estados Unidos falló en contra de Aereo en un juicio iniciado por señales abiertas con el objeto de que se le prohíba prestar este servicio a sus usuarios.

El fallo tiene su importancia no solo para los canales de televisión abierta y los operadores de cable, que a medida que avanza la tecnología pierden espectadores y suscriptores ante nuevos competidores, legales o ilegales sino también para los servicios que prestan acceso a la nube como Dropbox, Google Drive y otros. Para ellos la pregunta es la siguiente ¿Si el servicio de Aereo es ilegal, no podrían también ser responsabilizados por un usuario que baja la señal de televisión abierta y la transmite a través de sus “nubes?

La respuesta es que, al menos según este fallo, no lo son. La Corte tuvo cuidado en señalar que el punto débil legal de Aereo es que ellos eran los que bajaban la señal, no los convenció el uso de “minis antenas” para cada usuario. Dropbox y otros servicios de almacenamiento en la nube no proveen el contenido, simplemente proveen el espacio para almacenamiento.

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INCAA. Nuevos topes de subsidio

(versión PDF)

El Poder Ejecutivo Nacional dictó el 11 de junio de 2014 el Decreto 851/04, que modifica los montos topes de subsidios del decreto 1527/12 (el texto actualizado de está última norma puede ser consultado aquí).

Los nuevos topes de subsidios pueden consultarse en la siguiente tabla.

Sin interés especial Con interés especial
Primera vía
$5.000.000 $6.875.000
Segunda vía $3.750.00 $4.375.000
Tercera Vía $1.875.000 $2.500.000

El decreto 851/14 también fija los siguientes porcentajes del subsidio que se destinarán a reinversión, para la producción de una nueva película o para la compra de equipamiento industrial.

Monto Porcentaje destinado a reinversión
Hasta $3.000.000 5%
$3.0000.000 hasta $4.100.00 10%
Exceda $4.100.000 20%
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¿Qué te pasa Clarín? Las marcas e Internet

Logo del Grupo Clarín

Logo del Grupo Clarín

En marzo de 2009 Matías Castañeda registró el sitio web http://www.quetepasaclarin.com, en alusión a la ya famosa frase del ex presidente Néstor Kirchner (el sitio hoy ya no existe). Quetepasaclarin.com era un blog crítico de los medios en general y del Grupo Clarín en particular.

El Grupo Clarín demandó ese mismo año al Señor Castañeda para que cese en el uso indebido de su marca registrada “Clarín” y para que le transfiera el dominio, todo con fundamento en la Ley de Marcas y Designaciones (N°22.362).

logo de quetepasaclarin.com

Logo del sitio quetepasaclarin.com

Clarín obtuvo una medida cautelar y luego, en primera Instancia, una sentencia favorable que condenó al demandado a transferir el sitio y pagar la suma de $20.000 en concepto de daños y perjuicios. El demandado apeló la sentencia y hoy se conoció la sentencia de la Cámara Federal Civil y Comercial (Sala III), de febrero de este año, que revocó la sentencia de primera instancia y falló a favor del señor Castañeda.

Fundamentos del fallo

La defensa central del demandado fue que él no había hecho un uso marcario de la marca Clarín. Es que el fundamento económico de las leyes de marcas es que ellas facilitan al consumidor identificar un bien o servicio: si no existieran las marcas el consumidor debería detallar todas las características del bien o servicio que quiere adquirir; pero con las marcas es tan fácil como decir “Quiero una Coca Cola”.  Por eso lo que la ley prohíbe es  que un competidor use la marca de un tercero para identificar un bien o servicio propio pero no impide que un particular mencione la marca aún con ánimo de critica. Y es por eso que actividades tan diversas como la publicidad comparativa o la reseña agria y salvaje de productos y servicios son legales.

Y esto es precisamente lo que dice la sentencia de cámara:

“no habré de considerar que por el mero hecho de haber incluido la marca ajena en el nombre del blog, se encuentre configurada una infracción marcaria que genera derecho a reparación”.

Y la Cámara agrega que para que haya uso marcario debe haber posibilidad de confusión, es decir que el consumidor piense que el producto o servicio en cuestión está vinculado con el titular marcario cuando en la realidad no lo está. Claramente, ninguna posibilidad de confusión puede haber entre un blog de análisis político crítico de un grupo periodístico y el grupo en sí.

Pero la Ley de Marcas no ampara el uso denigrante de una marca ajena y ese es el punto central de la sentencia porque, a primera vista, ¿Qué hay más denigrante que agregarle cuernos y cola al logo de una empresa? (el logo es una marca registrada).

La Cámara dice que acá existe un evidente conflicto entre el derecho de Clarín de proteger su marca y el derecho del autor del blog de expresar su opinión. Y la Cámara cita el fallo “Sujarchuck”, que comentamos aquí, que deja claro que un blog es un medio de expresión y como tal goza de protección.

Y la Cámara resuelve este conflicto a favor del demandado:

La denominación “quetepasaclarín” tiene un sentido particular muy claro e identifica sin duda alguna una posición respecto del grupo empresario, que se corresponde con la que aparentemente tenía en el momento que pronunció la frase el ex presidente Kirchner. De allí que el público puede suponer que se trata de un espacio vinculado con la libertad de expresión y la discusión acerca de los medios, pero es altamente improbable que esta frase crítica respecto del grupo pueda llevar a confusión a nadie”. 

Tal vez la más importante lección de este fallo es que en la era de Internet hay que cuidarse, antes que todo del efecto Streissand, y me voy a permitir a citarme a mi mismo, en este artículo del 2011:

“La tercera, y tal vez la más importante recomendación, es no sobreactuar. Puede que un cliente de la empresa, por ejemplo disconforme con el servicio, haga una página en Facebook donde lo critique. Si este cliente utilizare la marca o el nombre comercial de la empresa, hay que estudiar con mucho cuidado si esto constituye una infracción marcaria o un legitimo derecho a expresarse en relación al servicio.  Tal vez antes de iniciar medidas legales sería mejor resolver el problema desde lo comercial, participando en la página y brindando una solución al problema.  Caso contrario, y efecto Streissand mediante, la empresa misma puede dañar su marca aún mas con un problema de relaciones públicas incontrolable”.

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Programa en gestión y negocios audiovisuales de cine y televisión

Hasta el 21 de abril está abierta la inscripción a la quinta edición del programa en gestión y negocios audivisuales de cine y televisión, dictado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Como todos los años, Alejo Barrenechea y Juan Félix Memelsdorff (este último coautor de este blog), dictan el modulo jurídico, que comienza el 6 de mayo de 2014 y dura cuatro clases.

La inscripción es por mail a opcionaudiovisual@buenosaires.gob.ar, donde también se puede pedir mayor información. La inscripción es gratuita y requiere el envío del curriculum vitae del interesado.

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