Twitter, el discurso anónimo y la Constitución

El estado Argentino pidió a los Estados Unidos que lo ayude a identificar a un grupo de tuiteros. El origen del pedido fue una denuncia de la fiscal Cristina Caamaño, por amenazas u hostigamiento. Los detalles no son precisos, al punto que no sabemos si el pedido de información salió de una fiscalía, de la policía o de Cancillería. Pero si parece que ningún juez intervino en esa causa.

La pregunta es ¿Qué derecho ampara a una persona para expresarse desde el anonimato?

El discurso anónimo no es un invento de Twitter

La posibilidad de expresarse en forma anónima no es nueva.  Tampoco es nuevo el uso del anonimato para expresarse en forma negativa. De hecho, en Pompeya todavía puede leerse el siguiente graffiti:

“Los borrachos de la noche les piden que voten a Marco Cerrinio Vatia para edil”.

O tomemos el caso de la Roma medieval, donde existía una estatua, “Il Pasquino”  en la que los ciudadanos colgaban pancartas anónimas con chismes y críticas, principalmente dirigidas contra la Curia Romana.

Otro ejemplo de discurso anónimo es uno de los textos políticos más importantes de la historia: “El Federalista” (Federalist Papers). Hoy sabemos que sus verdaderos autores fueron Alexander Hamilton, James Madison y John Jay, pero originalmente fueron publicados en forma anónima

En fin, el discurso anónimo no es nuevo y es algo a lo que estamos acostumbrados, tal vez sin prestar mucha atención. Después de todo, los afiches anónimos, las campañas sucias y los trascendidos son herramientas habituales de la política argentina.

La protección constitucional del discurso anónimo

No conozco antecedentes judiciales argentinos. Pero tanto la Ley de Propiedad Intelectual (art. 3) como la Ley de Nombre (art. 23), reconocen el derecho de utilizar seudónimo.

Lo que sí hay son casos americanos y, como expliqué en otra ocasión, dado que la Constitución de aquél país es fuente de la nuestra, la jurisprudencia sobre temas constitucionales de la Corte Americana es directamente aplicable a nuestro país, al punto que es usual que nuestra Corte cite sus casos.

Y el caso, en está oportunidad, se llama McIntyre v. Ohio Elections Commission (1995). Los hechos son estos: La señora McIntyre fue multada por distribuir propaganda política en violación a una ley de Ohio que ordenaba incluir el nombre y dirección de los responsables de cualquier campaña política. La Corte declaró inconstitucional esa ley.

Esa ley tenía como objetivos prevenir el fraude y permitir que los votantes pudieran evaluar mejor la campaña, teniendo a la vista los datos de su responsable (el ¿Desde dónde los decís? Argentino). Pero para la Corte, el discurso anónimo merece ser protegido, por las siguientes razones.

  • El anonimato permite a grupos minoritarios o perseguidos expresar sus opiniones sin temor a represalias.
  • No solo es beneficioso para las personas que pueden ser perseguidas por el estado porque no solo el estado puede perseguir a una persona, también puede sufrir una censura social, por tener una opinión minoritaria.
  • Permite a una persona impopular expresar sus opiniones y que estas sean juzgadas por sus propios méritos.
  • Finalmente, una persona puede querer expresarse en forma anónima para preservar su privacidad. Y la privacidad goza, también, de protección constitucional.

La Corte concluyó:

“Bajo nuestra Constitución, el `panfleteo` anónimo, no es una práctica dañina o fraudulenta; sino una honrosa y antigua forma de disenso. El anonimato es un escudo frente a la tiranía de las mayorías. Es un ejemplo del propósito que fundamenta nuestra Carta de Derechos (Bill of Rights), en particular su Primera Enmienda: proteger a los individuos impopulares de la persecución -y evitar que se supriman sus ideas -, por parte de una sociedad intolerante. El derecho a permanecer anónimo puede ser abusado cuando se lo utiliza para ocultar una conducta ilegitima. Es cierto que el discurso político, por su propia naturaleza, a veces tiene consecuencias desagradables, pero, en general, nuestra sociedad valora más expresarse libremente que los peligros del abuso de este derecho”.

Los limites a la libertad de expresión. Necesidad de una orden judicial

Las opiniones están especialmente protegidas por la Constitución, sobre todo cuando se refieren a asuntos de interés público, como el caso Campagnoli, o a funcionarios públicos, como lo es la señora Caamaño. Dicho esto, la Libertad de Expresión no es absoluta: si una persona, por ejemplo, realiza una amenaza, expresa odio racial o religioso (en algunas jurisdicciones), o difama a un tercero es responsable por ello. Y no importa si esto lo hace a través de una carta de lectores o de su cuenta anónima de Twitter.

La amenaza es un delito penal, la difamación, generalmente, un ilícito civil y la opinión, libre. ¿Pero como distinguimos unas de otras? Porque es obvio que si un tuitero opinó sobre la señora Caamaño, aunque la opinión fuera agria o injusta, tiene derecho a expresar su opinión y a hacerlo en forma anónima si así lo desea. Pero si la amenazó, entonces la ley se inclina por los derechos de la señora Caamaño.

Esa tarea tiene que estar en cabeza de los jueces, que son las personas a la que la Constitución le ha otorgado el deber de juzgar este tipo de casos. El juez, sea este penal o civil, deberá analizar el caso y decidir por cual de los dos derechos se debe inclinar. Está es la única forma de garantizar, en tiempos modernos, un derecho del que ya gozaban los antiguos romanos aún bajo sus más sanguinarios opresores.

Fuentes:

Anonymity in Social Media, de Laura Rogal 

La Libertad de Expresión e Internet (OAS)

McIntyre v. Ohio Elections Commission

 

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4 respuestas a Twitter, el discurso anónimo y la Constitución

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