Un fallo obliga a la Ciudad de Buenos Aires a regular el derecho a la intimidad en la Red

A diferencia de otros países, en Argentina no existen leyes que especificas que regulen los distintos derechos que garantiza nuestra Constitución en Internet. Tenemos una “Ley de Medios”, pero no abarca Internet; una Ley de Derecho de Autor, que nada dice en caso de infracciones en la Red; una Ley de Habeas Data, que no establece un procedimiento para modificar o remover datos en un sitio web y así…

Esto estaría por cambiar, al menos en la Ciudad de Buenos Aires, luego de un fallo dictado el pasado 10 de octubre de 2014 en los autos “Gil Domínguez Andrés Favio c/ Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires” (sentencia PDF).

El Sr. Gil Dominguez interpuso un recurso de amparo colectivo contra la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires para que está repartición obligue a los proveedores de servicio de Internet a establecer un Protocolo Interno de Protección al Derecho a la Intimidad de los usuarios de Internet (PIPDI), que permita a los usuarios y habitantes de la Ciudad a pedir la baja de contenido que los afecte.

El fallo hizo lugar al reclamo en base a la siguiente lógica:

  • La Ciudad de Buenos Aires se ha reservado el poder de policía en materia de derechos del Consumidor (Art. 46 de la Constitución de la Ciudad).
  • Los proveedores de servicios de Internet y los motores de búsqueda son proveedores en los términos de la Ley de Defensa del Consumidor (Art. 3 Ley 24.240) y sus usuarios, consumidores en los términos de la misma ley (Art. 1 Ley 24.240).
  • La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires también garantiza el derecho a la intimidad de sus habitantes (Art. 12 de la Constitución de la Ciudad).
  • No existen hoy instrumentos legales efectivos que permitan a los usuarios y consumidores porteños hacer efectivo el derecho a la intimidad que gozan.
  • Esto último constituye una “omisión inconstitucional” de la Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires. Y los jueces de la Ciudad, en el marco de sus atribuciones, tienen la potestad de exigirle a la Administración Pública que supla tal omisión.

Ni el amparista ni el Juez señalan cuales son los alcances que debería tener el PIPDI, esto quedará librado a la Administración Pública. Pero el Juez ordena que este PIPDI sea dictado en un plazo máximo de 180 días. Es de suponer que este PIPDI será similar al que Google habilitó en la Uninón Europea luego de que la Corte Europea reconociera el “Derecho al Olvido” en el fallo Costejas Gonzalez de mayo de este año.

La sentencia aún no está firme.

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3 respuestas a Un fallo obliga a la Ciudad de Buenos Aires a regular el derecho a la intimidad en la Red

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  3. Lucia Suyai Mendiberri dijo:

    En mi humilde opinion resulta problematico y muy debatible enmarcar dentro del derecho al consumidor este derecho.
    Puede decirse que entablamos una relación de consumo con los sitios webs? no queda claro como se llega a esta conclusión. creo que es una interpretación abusiva y de consecuencias del mismo carácter.

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